El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar la postura de México respecto a lo que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro. Al negarse a firmar la declaración condenatoria del Grupo de Lima que desconoce el mandato del presidente venezolano, causó una polémica en distintos círculos de opinión. Algunas de las conclusiones han sido apresuradas y por ello habrá estar pendientes de la evolución de lo ocurrido. Falta dimensionar si el nuevo planteamiento, dentro de su discreción, puede redituar beneficios mayores que el de las ofensivas que hasta el momento han sido un tanto estériles.

En 2019 la cancillería finalmente tomó distancia del Grupo de Lima que desde hace año y medio ha tomado determinaciones multilaterales sobre la crisis democrática en Venezuela y que en los últimos meses aumentó su severidad hasta rechazar el nuevo periodo de la administración madurista en el gobierno debido a las irregularidades y vicios que hubo en el último proceso electoral, así como las constantes violaciones a los derechos humanos que se presentan en el territorio.

En cualquier caso, aunque pudiera parecerlo, López Obrador no se olvida de Venezuela. Más bien ha instado al diálogo y a una solución negociada, una estrategia de mayor suavidad que acaso pueda equilibrar un balanza cada vez más preocupante, en la que Bolsonaro y Trump hacen temer por una intromisión militar que sería contraproducente.

Desde su periodo como candidato a la presidencia, el tabasqueño manifestó su interés por llevar una visión diplomática de bajo perfil. Ante un panorama interno ya de por sí agitado, proclamaba la inconveniencia de meterse en asuntos ajenos. “La mejor política exterior es la interior”, dijo como uno de sus mantras socorridos, para de paso evadir cualquier aprieto en la materia debido a las equivalencias que por lustros se han hecho entre el chavismo y él.

López Obrador reivindica así la Doctrina Estrada y, sobre todo, la Doctrina Carranza que ha sido a lo largo del último siglo el eje rector de la Política Exterior mexicana, en especial en lo que se refiere a su idea de la no intervención. Pero, ¿cuáles son sus implicaciones y límites?

En años recientes, intensos en globalización, la vigencia de la doctrina ha sido puesta en tela de juicio. Los cuestionamientos se han acentuado debido a la coyuntura por la que nuestro país atraviesa, en donde pareciera que es necesario establecer un mayor margen de acción en un mundo cambiante y lleno de desafíos.

Si bien la Doctrina Carranza es estimable, no debe tomarse como un dogma ni una imposición, sino como la expresión de algo más profundo: el arquetipo para mantener nuestra soberanía; empresa que, esa sí, debe seguir como una obligación para cualquier administración federal y que por tanto requiere a adaptar la pauta carrancista a la realidad del presente.

Los fundamentos de la doctrina que Venustiano Carranza pronunció ante el congreso hace más de cien años, en septiembre de 1918, fue antecedida por la Doctrina Calvo y Doctrina Drago que también tenían una disposición similar para enfrentar las agresiones exteriores desde las limitantes que padecían los países latinoamericanos.

Estos principios conducirían la política exterior del naciente país como ente moderno. Esencialmente consistían en la igualdad. Igualdad jurídica de los estados, igualdad de nacionales y extranjeros ante la legislación del país en el que se encuentran, leyes justas y sin distinciones dentro de la nación, así como una diplomacia que velara por los intereses universales y la no intervención.

La Doctrina Carranza fue más que nada una política de defensa. México fue vulnerable en su tiempo por su vecindad con Estados Unidos, lo cual era un riesgo por los proyectos expansionistas de las grandes potencias, como ocurrió con la traumática pérdida de la mitad de nuestro territorio tras la guerra México-estadounidense de mediados del siglo XIX.

Por lo anterior, apelar a la igualdad soberana de los estados, como una vertiente del multilateralismo, era una posición de contención. Un escudo o carta de ingenio en la lucha por la supervivencia.

Durante los primeros años del siglo XX la vulneración del territorio mexicano se había hecho patente en actos como la expedición punitiva contra Pancho Villa comandada por John J. Pershing y el desembarco de tropas estadounidenses en Veracruz. Esa enorme presión hizo que México buscara una solidaridad en América Latina. La igualdad soberana de los Estados podría traer un equilibrio en el concierto de las naciones.

Si bien México se abstuvo de participar de forma directa en la Primera Guerra Mundial, lo cual impidió su acceso inmediato ante la naciente Sociedad de Naciones, ya se vislumbraba como una pieza estratégica e importante por ser un referente petrolero y por su posición geográfica.

México no podía inmiscuirse en un conflicto de proporciones internacionales toda vez que a nivel interno no gozaba de condiciones mínimas de estabilidad. De este modo la actitud de Carranza tendió a lo neutro, pero a una neutralidad activa que marcaba el pulso en tiempos de turbulencia.

La igualdad jurídica de los estados, atribuida a la doctrina Carranza, tenía raíces en el ideario de Matías Romero, quien ya 30 años antes apuntaba a que el desequilibrio entre los estados debería desaparecer. En 1888 México firmó con Japón un tratado de igualdad jurídica. Una forma de apuntar a una labor imprescindible para el porvenir: resolver la asimetría entre los estados.

No obstante, la perspectiva de la Doctrina Carranza debe verse como un producto de su tiempo, una guía que sirve más como fundamento que como una ficha de estricta ortodoxia para resolver nuestras problemáticas geopolíticas.

Cabe destacar que con la reforma constitucional de 2011, el artículo 89 fracción X estipula la “protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales” como uno de los ejes rectores de la política exterior mexicana, un punto de igual a mayor validez que cualquier tradición anterior. México debe empezar a retomar su liderazgo a nivel regional y global.

Además, lo ocurrido a lo largo del siglo XX mostró que la política de no intervención se flexibilizó en momentos puntuales, como ocurrió durante la guerra civil española, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas (al que López Obrador tiene como referente) tomó partido abiertamente a favor del bando republicano. Se creía que la supervivencia del régimen socialista era importante para, a su vez, salvaguardar el vínculo nacional frente a España, con quien llevábamos una relación ambivalente desde la independencia.

Entre los otros casos donde México se tomó licencias respecto a la Doctrina Carranza se puede destacar la reacción ante la dictadura de Pinochet (rompiendo relaciones y dando asilo a perseguidos políticos, incluyendo a la familia del finado Salvador Allende), el posicionamiento sobre los conflictos guerrilleros en Centroamérica coronados por la declaración franco-mexicana de 1981, así como la permisividad que se dio ante los revolucionarios cubanos liderados por los hermanos Castro a su paso por nuestro país.

Todos esos capítulos de nuestra historia correspondieron al sistema de equilibrio de poderes. Y aunque no siguieron al dedillo la Doctrina Carranza como se establecía en 1918, sí que buscaban un objetivo similar: la defensa de nuestros intereses y la contención de fuerzas adversas en nuestras zonas de influencia.

La política internacional ha variado, igual que las dinámicas de convivencia. La inmovilidad internacional ha probado ser catastrófica en casos como el del genocidio de Ruanda, mismo que dio pasos a conceptos de excepción como lo es la responsabilidad de proteger.

Durante años México se negó a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz por parte de las Naciones Unidas, pero esto cambió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se empezó a colaborar en el desarrollo democrático, económico y social de otros países, pero siempre teniendo en cuenta que nunca se haría desde un lado de fuerza militar.

Todo lo anterior es digno de considerar en lo que respecta a lo que ocurre con Venezuela, en donde hay más laberinto que claridad. La nueva postura de México tiene más aristas de lo que parece. Desde la Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dado un paso a una nueva vía que no se compromete con la virulencia del Grupo Lima, pero que tampoco tiene concesiones tangibles contra la dictadura de Maduro.

Habrá que ver si se toman acciones adicionales en un espacio medio, por no decir ambiguo. Quizás convenga explorar la vía del diálogo, ya que por ahora la afrenta solo ha llevado a una radicalización del gobierno bolivariano. Será entonces que se pueda revelar la utilidad de una neutralidad activa a la usanza carrancista. Igual habrá que hacer adaptaciones sobre la marcha. Eso sí, cualquier ánimo voluntarioso debe estar condicionado a una serie de compromisos que impliquen una eventual despedida de un mandatario torpe, sanguinario y demencial como es el heredero de Chávez, Nicolás Maduro. La situación es insostenible a mediano y largo plazo. Urge un cambio profundo y el gobierno bolivariano no parece estar en la labor de realizarlo.

____________
Publicado originalmente el 7 de enero de 2019.