La austeridad es uno de los mayores ejes rectores del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Fue una de sus promesas como candidato y es una de las medidas que, en el discurso, ha sostenido como presidente de México. En un país carcomido por la corrupción y los abusos de los poderosos, se trata de una línea de acción loable pero que en la planeación y ejecución no está exenta de huecos, inconvenientes y polémica.

En términos generales el ahorro es algo positivo. Ajustar el gasto y actuar con menos recursos resulta positivo si es que ello permite que la ciudadanía pague menos impuestos y conserve así mayor dinero en sus bolsillos. Sin embargo, para lograrlo es necesario cortar de manera quirúrgica lo excedente, a la vez que se poda sin clemencia las ramificaciones que no funcionen para el Estado. También implica sacrificios que en un país con el rezago y pobreza de México acaso no sea posible asumir.

El planteamiento de López Obrador deja algunas señales positivas. Pero también preocupa en términos amplios en donde la austeridad parece más un dogma que no repara en las consecuencias que podrían resultar más costosas en el largo plazo. En tal sentido, el fundamento parece más político que una medida que brinde certeza económica.

No hay, de hecho, austeridad propiamente dicha. Se acumulará más deuda (cerca de 500 mil millones). Los recortes en algunas zonas son para redirigir las monedas a otro cofre. No siempre el más productivo de todos.

Por ejemplo, las críticas a los sueldos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incentivadas por la actual administración, causaron un debate encendido desde hace días. Se trató de un episodio donde la pretendida austeridad puso en jaque un bien mayor, como lo es la garantía de que una nación debe tener de contrapesos libres e independientes.

Los ministros pueden ser personajes antipáticos y la paga que reciben puede resultar chocante para quienes llevan años en marcha sin conseguir una remuneración digna, pero debilitarlos a través de un movimiento administrativo conllevaría efectos secundarios mucho peores que el desgaste en la nómina de la que son beneficiarios. La división de poderes es irrenunciable y aunque lo relativo al salario de los ministros puede discutirse con seriedad, limitarse a ello es mirar al dedo que está apuntando al sol.

Para hacer más eficientes los gastos, más que bajar sueldos se tendría que reducir el personal y las dependencias a lo indispensable. Tener a los mejores y pagarles bien, muy bien. No a lo que indica un tabulador basado en la primacía de un mandatario, sino a las lógicas del mercado. Varios de los mejores elementos del servicio público podrían abandonar sus puestos si resienten su bolsillo y reciben mejores ofertas en el sector privado. El daño no es abstracto, bueno fuera si otros pudieran cumplir exactamente el mismo papel por menos dinero. Pero no es así. Carecer de profesionales de primer nivel y llenarse de una mediocre estirpe podría salir más caro a largo plazo: un desempeño deficiente dilapida más que cualquier paga mensual, por alta que esta sea. “If you pay peanuts, you get monkeys”, dice un viejo proverbio inglés.

Hay que decir, empero, que parte de esta mala percepción es culpa del propio Estado que a lo largo de las décadas no ha logrado implementar políticas públicas que satisfagan a la población o mejoren sustancialmente su modo de vida.

El golpe que implican los recortes queda bien ejemplificado en lo que respecta a los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Los diplomáticos de carrera que habitan en el extranjero tienen gastos mayores a los que tienen los funcionarios en el interior de la república. Vivir en Londres, Tokio o Singapur implica un desfalco mayor que no puede sobrellevarse en los mismos términos que los de los trabajadores que habitan en México. Pues bien, a ellos se les ha quitado el apoyo que se les daba para renta y colegiatura de hijos menores de edad. Como ha mencionado el embajador Agustín Gutiérrez Canet, “es injusto y absurdo aplicar criterios de austeridad donde ya hay austeridad. Es hora de rectificar dicha injusticia. El Estado mexicano debe proteger, no infundir zozobra, en quienes son sus leales y antiguos servidores: los diplomáticos de carrera”.

El Proyecto de Presupuesto para 2019 pone en evidencia esa disparidad que existe en el criterio aplicado a las finanzas públicas. La austeridad no afecta al gasto en Comunicación Social que aumenta un 39 por ciento respecto al año anterior (los ya de por sí altísimos 2 mil 953 millones del último año de Peña Nieto), pero sí pega de lleno a la educación de nivel superior. Conacyt recibirá, si se aprueba el paquete, casi un 13 por ciento menos de presupuesto (2 mil 500 millones de pesos) de lo que recibió el año anterior, eso sin contar el hecho de que la nueva titular, María Elena Álvarez-Buylla, pretende dar un mayor apertura a las humanidades, lo que podría debilitar aún más los proyectos de alto valor agregado como los que están relacionados con la ciencia y la tecnología a donde se dirigen los países que aspiran al desarrollo.

La UNAM, El Colegio de México, el Cide, el IPN y la UAM reciben también importantes recortes que van del 1.2 al 4.8 por ciento (en variación nominal, en términos brutos es aún mayor), un golpe sensible que corta las alas a investigadores y alumnos. La UNAM, uno de los grandes bastiones de López Obrador y de la izquierda en general, ya ha emitido un comunicado en donde manifiesta su preocupación por el recorte millonario que pondría en riesgo su funcionamiento inmediato.

Órganos autónomos como el INE (-35 por ciento), CNDH (-6.6 por ciento) e INAI (-17.9 por ciento) también se desploman sin que se tenga muy claro cuáles fueron los criterios para reducir los presupuestos (salvo en el INE, donde el cambio abrupto es entendible por no tratarse 2019 de un año electoral), que, según se ha dicho, fueron promovidos por las mismas áreas e institutos, pero bajo una esquema que desde el ejecutivo orientó dichos cambios. Derechos Humanos, Transparencia y Democracia son pilares de la sociedad en aparente descuido, lo mismo que la Cultura que recibirá 500 millones menos de pesos pese a que quienes viven de ella han sido uno de los promotores que tradicionalmente más han apoyado a la izquierda.

Los recortes mencionados, que serían el orgullo del orden “neoliberal” que se erigió como el villano favorito de la cuarta transformación, tendrían cierto sentido dentro de un esquema de reducción del Estado, una plan que de manera responsable redujera el tamaño de la burocracia y de todo lo que está de más. Aquí, sin embargo, no es el caso. Se mantiene el tamaño de un gobierno artrítico y se apuesta a sectores a la baja como el petrolero. En cambio se pega de lleno a algunos de esos pocos espacios en donde la sociedad puede recibir de vuelta los recursos a los que ha contribuido a través de su bolsillo.

Duele ver que mientras los partidos políticos recibirán 11 mil millones de pesos para su funcionamiento tanto a nivel federal como local, los programas que atienden la violencia contra las mujeres son recortados. Aunque lo de los partidos está marcado en la ley, en el Congreso, donde Morena campa a sus anchas, no se tuvo la prisa por reformar como se hizo con otras minucias.

La decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco es otra muestra de cuando la politiquería le gana a la sustentabilidad. Dinero relacionado con el proyecto se perderá por miles de millones, mientras que por otro lado se habla de moderación. La idea del Tren Maya, realizado sin estudios de fondo, traerá menos beneficios a nivel de economía global pero igual se tiene por por prioridad sin atender a todos esas mismas reservas que se le hicieron a Texcoco.

Si bien se realizan recortes a las puntas de distintos sectores, a otros se les sirve con cuchara grande. No hay armonía dimensional. Al rubro de Trabajo y Previsión Social se le pretende asignar un brutal e histórico aumento de más del 932 por ciento, pasándolo de los 4 mil 192 millones de pesos a 43 mil 269 millones de pesos. Esto sería loable si todo ese dinero lograr volver a donde provino: la ciudadanía. Pero habrá que tener la mirada bien atenta para que ni un centavo quede anclado a un sistema clientelar o que se vea roído por intermediarios.

La austeridad en las esferas gubernamentales es una vía plausible para empoderar a la población, pero hay que añadir otros elementos a la fórmula si es que se aspira a trabajar con responsabilidad y con pragmatismo a largo plazo. Lo barato sale caro, dice otro refrán que, aunque sencillo, refleja una dura verdad.

Andrés Manuel López Obrador y su equipo tienen la oportunidad de llevar al país al siguiente nivel, aquel que merece. Para ello deberán reflexionar sobre cada paso que den en las planeaciones internas. No dudo en ningún momento de sus buenas intenciones a las que espero sepan acompañar de mesura y de las muy normales enmiendas que deben hacerse sobre la marcha. No tiene nada de malo corregir en el camino, lo malo es el empecinamiento.
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Publicado originalmente el 17 de diciembre de 2018.